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En medio de las turbulencias económicas y los altibajos del dólar, el Gobierno envió este miércoles un informe previo del proyecto de Presupuesto 2025 en el que se destaca la decisión de Javier Milei de mantener el déficit cero y resalta la baja de la inflación que se dio en el primer semestre de su gestión.
En el mensaje se deja constancia que las prioridades de la política presupuestaria para el próximo año estará centrado en 4 ejes: equilibrio fiscal, asistencia social sin intermediaciones, modernización y simplificación del Estado, equipamiento y modernización de las fuerzas de seguridad y defensa.
En el informe, el Gobierno habla de un dólar a $1.016 para diciembre para fines de este año, con una variación interanual de 58 %, mientras que la inflación de 2024 cerrará con un alza de 139,7%. También proyecta cerrar el año con un superávit comercial de USD 21.918 millones, frente al déficit registrado en 2023, que fue de USD -9.215 millones.
Asimismo se indicó que la Administración Pública Nacional registró un resultado primario superavitario de $ 5.640.405,4 millones y un resultado financiero también positivo de $ 1.636.698,9 millones.
El documento destaca que «adoptando medidas audaces permitieron avanzar de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal», lo que permitió ir hacia «la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales».
En el avance enviado al Congreso, el Gobierno plantea que durante 2025 buscará «mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos».
Este documento fue enviado previo al proyecto de Presupuesto 2025 que formalmente deberá presentar el ministro de Economía, Luis Caputo, el 15 de septiembre como lo establece la Ley de Administración Financiera, para abrir el tratamiento en la Cámara de Diputados.
El Gobierno mantendrá a las organizaciones sociales al margen del manejo de los planes
El informe también hace hincapié en la decisión del Gobierno de eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en el manejo de los planes asistenciales y habla de «esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones».
«Es prioridad de esta gestión continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público, haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad», subraya el documento que trascendió este miércoles en la Cámara de Diputados.
El ministro de Economía Luis Caputo, prepara el proyecto de Presupuesto para 2025. Foto: Emmanuel Fernández.Lo que dejó claro en este avance es que el proyecto de Presupuesto que enviará el Gobierno planteará metas fiscales que se basan en el mantenimiento de las políticas que hasta ya se aplicaron y que -según entienden en la Casa Rosada- «apuntalan la demanda agregada» y facilitan el incremento de los recursos fiscales para favorecer a la actividad, el empleo y los ingresos reales. Todo esto permitirá dar sostenibilidad al sendero de crecimiento «en un contexto de reducción de déficit fiscal».
«El Gobierno Nacional continuará con el compromiso de seguir profundizando el mercado de capitales, dotando de nuevas y mejores herramientas al sector privado y respetando los marcos de sostenibilidad de la deuda pública», resalta, en tanto, en otro de los párrafos.
Tal como lo plasmó en el mega DNU 70/23 como en la recientemente aprobada Ley Bases, Milei también resaltó el proceso de «modernización y simplificación del Estado». En este sentido, el Ejecutivo anuncia que trabaja en la búsqueda de «un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos».
Y ratifica el espíritu de Milei de dar prioridad al sector empresario al destacar que la intención es ir hacia una administración pública centralizada «en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa».
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